La revelación hecha por la jueza Sara Bruna Quiñones Estrada en el sentido de que se hicieron acuerdos no muy legales entre funcionarios de la actual administración estatal y de la inmediata  anterior que presidió Mario López Valdés, vino a poner en evidencia que la tan cacareada aplicación de la justicia en todos los casos de corrupción ha quedado en meros discursos. Según la información dada a conocer por la jueza, los implicados  en esos tratos son Gonzalo Gómez Flores , Secretario General de Gobiernoo y Carlos Ortega Carricante, Secretario de Administración y Finanzas quienes aceptaron que se reparara el daño de desvíos por 293 millones de pesos a cambio de dos millones de pesos y una disculpa pública. Los que ofrecieron éste acuerdo  son Armando Villarreal Ibarra, ex secretario de Administración y Fiananzas, Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero y Juan Carlos López Ramírez ex titular de l Caja General del Gobierno del Estado.. Estos tres funcionarios del régimen malovista llevaron a cabo 112 transacciones bancarias para desviar 293.5 millones de pesos en el último semestre de 2016 hacia cuentas que tenían un fin distinto. Habría que recordar que debido a éstas acusaciones  la Auditoría  Superior del Estado  luego de comprobar dichas irregularidades interpuso denuncia ante la Fiscalía  Anticorrupción, que logró una órden de aprehensión en agosto del 2018. Sin embargo, ésta órden no se hizo efectiva sino hasta cinco meses después, es decir hasta enero de 2019 fecha en que se hizo pública la información. Y fue precisamente luego de la presentación de esos funcionarios y solicitudes de perdón, se hizo un acuerdo entre funcionarios  del actual gobierno y ex funcionarios malovistas. Los acuerdos  consistían en pagar entre los tres acusados dos millones de pesos, asegurando que los movimientos bancarios  fue para cumplir con el pago de nómina y no para sus cuentas personales. También se acordó  que durante seis meses deberían permanecer en Sinaloa y en el mismo domicilio donde habitan actualmente, además de abstenerse de viajar al extranjero y ofrecer una disculpa pública en medio de comunicación que elija el Gobierno del Estado. La audiencia donde todos los implicados estuvieron de a cuerdo en los convenido y que tuvo lugar ayer miércoles 29 enero tomó un rumbo inesperado para todos, pues la jueza Sara Bruna Quiñonez . dijo que toda la trama urdida para evadir la justicia «le parecía un asunto inmoral autorizarlo».¿A usted quien le dijo que podía otorgar un acuerdo de éste tipo?», preguntó la jueza  a Ismael Carreón Ruelas, representante de los funcionarios del gonierno del Estado. Se acordó que la audiencia para el desahogo de pruebas se pospusiera para el dia siete de febrero. Pero más allá del contexto en que se dieron éstos hechos, aquí lo más grave es la evidencia pública que ha quedado de manifiesto en el sentido de que contrario a lo que se ha venido insistiendo en todo lo que va de la actual administración estatal, de que se actuaría con mano y se aplicaría todo el rigor de la ley contra los corruptos, al parecer todo ha quedado en meras posturas y discursos. y hasta aquí por hoy. Gracias y hasta la próxima.